En los últimos años, España ha dado pasos significativos hacia la inclusión y protección de las personas con discapacidad. Estos avances no solo son una respuesta a las demandas sociales, sino también un esfuerzo por alinearse con los compromisos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en 2008.
Uno de los cambios más importantes ha sido la reforma del Código Civil del año 2021 para sustituir el modelo de tutela por uno basado en la asistencia. Atrás queda la idea de que las personas con discapacidad necesitan ser representadas y en su lugar, se les reconoce como sujetos plenos de derecho. Ahora, la clave es proporcionar los apoyos necesarios para que puedan tomar sus propias decisiones en igualdad de condiciones con los demás.
Esto significa, por ejemplo, que una persona con discapacidad podrá gestionar su patrimonio, decidir dónde y con quién vivir o incluso casarse sin necesitar una autorización previa, siempre que cuente con los apoyos adecuados. Este cambio refleja un profundo respeto por la autonomía personal y supone un cambio cultural que afecta a familias, profesionales y la sociedad en general.
Otro avance destacable es la adaptación de los procedimientos judiciales. Ahora, los jueces deben asegurarse de que las personas con discapacidad comprendan el proceso y puedan participar activamente en él. Para ello, se han introducido medidas como la accesibilidad cognitiva y el lenguaje claro, aspectos que benefician no solo a las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía.
También se han reforzado las garantías frente a la discriminación. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece que ninguna persona puede ser discriminada por razón de discapacidad en ámbitos tan variados como el empleo, la educación, la vivienda o la participación política. Aunque aún queda mucho por hacer, no cabe duda de que todos los cambios implementados sientan las ilusionantes bases de una igualdad real y efectiva.
Un hito histórico en este camino ha sido la reforma de la Constitución Española para modificar el artículo 49, eliminando el término “disminuidos” y sustituyéndolo por una redacción más respetuosa y acorde con los derechos humanos. Este cambio no solo actualiza el lenguaje constitucional, sino que también refuerza el compromiso de nuestro país con la dignidad y el respeto hacia las personas con discapacidad. Es un reconocimiento claro de que el lenguaje importa y que las palabras pueden contribuir a construir una sociedad más inclusiva.
Por supuesto, estos cambios legislativos plantean retos. Las familias y los profesionales deben adaptarse a un nuevo enfoque que exige más empatía, paciencia y formación. Pero también traen consigo grandes oportunidades: una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar su potencial y contribuir a la comunidad es una sociedad más rica y justa para todos.
En definitiva, España está avanzando hacia un modelo de convivencia más inclusivo y respetuoso. Estos cambios legislativos no solo representan un progreso jurídico, sino un compromiso ético con la dignidad humana. Como sociedad, el reto está en convertir estas leyes en una realidad cotidiana, donde la igualdad no sea un objetivo, sino una práctica diaria.
